Río III 3/11/95 Tercer atentado en argentina
EXPLOSIONES EN RÍO TERCERO 3 DE NOVIEMBRE 1995
Explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero
El 3 de noviembre de 1995, en la ciudad
cordobesa de Rio Tercero, a partir del incendio de un tambor de trotyl,
que no habria podido ser controlado, y que se propago a otros tambores
de igual contenido, se produjo una serie de explosiones en la fabrica
militar de esa ciudad.
Las explosiones fueron muchas, los muertos tambien (13) reconocidos , 335 heridos (algunos
muy graves), 4.000 evacuados, alrededor de 15.000 autoevacuados, destrozos evaluados en 25 millones de dolares
LA CAUSA
La causa ha sido tenazmente motorizada por Ana Gritti, cuyo esposo fallecio en el lugar.
Muchas instancias y nada concreto signaron la marcha de las actuaciones.
Por ejemplo, en el 2001 el juez de Río Cuarto Luis Martínez concluyó que se había tratado de un estrago culposo. Es decir, un accidente. Dos años después, pericias químicas y técnicas ordenadas por el Tribunal Oral Nº2 de Córdoba establecieron que el estallido fue intencional.
En octubre de 2003, la denuncia judicial de autoridades castrenses sobre la desaparición de 5.680 cartuchos de propulsión para morteros de 81 milímetros del Batallón de Arsenales 603, ubicado en Fray Luis Beltrán, potenció las dudas abiertas tras las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero.
Es que el faltante incluía material bélico procedente de las instalaciones que volaron en 1995. Por entonces la querellante Ana Gritti habló ante La Capital de un plan para eliminar pruebas que comprometían al Ejército en la venta ilegal de armamento al exterior. Dos decretos reservados (del 31 de octubre de 1991 y del 24 de enero de 1995) firmados por Carlos Menem, y que dieron pie al tráfico de pertrechos bélicos, incluyeron morteros calibre 81 milímetros fabricados en la Argentina.
Tambien hubo mimica oficial: el 18 de septiembre de 2003, se firma el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que dispone la apertura de los archivos de Inteligencia relativos al hecho.
En su momento se produjo el desembarco del fiscal Stornelli, que movilizó algo la causa, en la investigación de la figura del estrado doloso y su vinculaciòn con la causa de las armas. Stornelli había sido designado en diciembre de 2004 por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para complementar el trabajo del fiscal de Río Cuarto, Roberto Massuet. Este fiscal consideró que el móvil del atentado que borró del mapa una parte de la fábrica, provocó siete muertos y 340 heridos y causó cuantiosos daños materiales en una ciudad de 45.000 habitantes, está vinculado con la causa que investiga el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, ocurrido entre 1991 y 1995 con el amparo de tres decretos del gobierno de Carlos Menem.
Es más: el fiscal llegó a plantearle al juez que el acto intencional tuvo por objetivo encubrir la maniobra ilícita. Nunca antes ambos expedientes habían logrado tal relación.
Gritti, en tanto, estimó posible abrir el abanico de imputaciones a más militares y ex funcionarios nacionales "si se tiene en cuenta que Río Tercero es funcional a la venta ilegal de armas". "Sirvió de centro de acopio, reacondicionamiento y despacho de por lo menos el 90 por ciento del material bélico. Quienes participaron sabían cómo se operaba en Río Tercero, que sus inventarios y balances estaban adulterados porque el armamento salía en negro pero, como provenía de otras fábricas o unidades militares, sí tenía entrada", continuó.
Obviamente a la fecha aun no hay situaciones procesales resueltas.
Las explosiones fueron muchas, los muertos tambien (13) reconocidos , 335 heridos (algunos
muy graves), 4.000 evacuados, alrededor de 15.000 autoevacuados, destrozos evaluados en 25 millones de dolares
LA CAUSA
La causa ha sido tenazmente motorizada por Ana Gritti, cuyo esposo fallecio en el lugar.
Muchas instancias y nada concreto signaron la marcha de las actuaciones.
Por ejemplo, en el 2001 el juez de Río Cuarto Luis Martínez concluyó que se había tratado de un estrago culposo. Es decir, un accidente. Dos años después, pericias químicas y técnicas ordenadas por el Tribunal Oral Nº2 de Córdoba establecieron que el estallido fue intencional.
En octubre de 2003, la denuncia judicial de autoridades castrenses sobre la desaparición de 5.680 cartuchos de propulsión para morteros de 81 milímetros del Batallón de Arsenales 603, ubicado en Fray Luis Beltrán, potenció las dudas abiertas tras las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero.
Es que el faltante incluía material bélico procedente de las instalaciones que volaron en 1995. Por entonces la querellante Ana Gritti habló ante La Capital de un plan para eliminar pruebas que comprometían al Ejército en la venta ilegal de armamento al exterior. Dos decretos reservados (del 31 de octubre de 1991 y del 24 de enero de 1995) firmados por Carlos Menem, y que dieron pie al tráfico de pertrechos bélicos, incluyeron morteros calibre 81 milímetros fabricados en la Argentina.
Tambien hubo mimica oficial: el 18 de septiembre de 2003, se firma el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que dispone la apertura de los archivos de Inteligencia relativos al hecho.
En su momento se produjo el desembarco del fiscal Stornelli, que movilizó algo la causa, en la investigación de la figura del estrado doloso y su vinculaciòn con la causa de las armas. Stornelli había sido designado en diciembre de 2004 por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para complementar el trabajo del fiscal de Río Cuarto, Roberto Massuet. Este fiscal consideró que el móvil del atentado que borró del mapa una parte de la fábrica, provocó siete muertos y 340 heridos y causó cuantiosos daños materiales en una ciudad de 45.000 habitantes, está vinculado con la causa que investiga el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, ocurrido entre 1991 y 1995 con el amparo de tres decretos del gobierno de Carlos Menem.
Es más: el fiscal llegó a plantearle al juez que el acto intencional tuvo por objetivo encubrir la maniobra ilícita. Nunca antes ambos expedientes habían logrado tal relación.
Gritti, en tanto, estimó posible abrir el abanico de imputaciones a más militares y ex funcionarios nacionales "si se tiene en cuenta que Río Tercero es funcional a la venta ilegal de armas". "Sirvió de centro de acopio, reacondicionamiento y despacho de por lo menos el 90 por ciento del material bélico. Quienes participaron sabían cómo se operaba en Río Tercero, que sus inventarios y balances estaban adulterados porque el armamento salía en negro pero, como provenía de otras fábricas o unidades militares, sí tenía entrada", continuó.
Obviamente a la fecha aun no hay situaciones procesales resueltas.
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